El mayor interrogante era el resultado del ajuste que el actual Gobierno ha efectuado en el organigrama del Poder Ejecutivo, con la eliminación de 50 áreas, la baja de un millar de asesores de gabinete, la eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), una suerte de paraguas financiero que cobijó a 7.500 beneficiarios, que, en su mayoría, respondían a algún dirigente político o a referentes territoriales.

Todas esas medidas, además de las restricciones financieras para municipios (especialmente en materia de obras públicas) y también con la baja de personal en la Legislatura, el Gobierno ha logrado ahorrar unos $ 12.000 millones durante el último mes, según revelaron el propio mandatario.

¿Dónde fue a parar el ahorro?, le consultó la prensa del diario La Gaceta.  Jaldo respondió que todo lo producido ha sido usado para disminuir la exposición de la Provincia al descubierto que suele solicitarle al Banco Macro, agente financiero del Estado, para enfrentar el pago de los sueldos a los casi 110.000 empleados públicos provinciales. Pero, además, el Poder Ejecutivo ha destinado una parte de esas partidas a la cobertura del pago del porcentaje de la carrera sanitaria otorgada al personal de la salud y otras reivindicaciones salariales al resto de los agentes estatales. “Aquí hubo un esfuerzo mayúsculo para lograr esta primera meta transcurridos 70 días desde que asumimos la gobernación”, indicó el gobernador.

Diciembre no ha sido un buen mes en materia de recaudación nacional. Los casi $ 2 billones distribuidos este mes entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires por transferencias de coparticipación han crecido nominalmente un 153,9% respecto de igual período de 2022, descontando la inflación, esa coparticipación ha registrado una caída real del 18,2%, explicada principalmente por el mal desempeño en la recaudación del impuesto a las Ganancias y su estable pero mala performance de recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Salvo Buenos Aires, Salta y Misiones, el resto de los distritos presentan bajas por encima del promedio nacional. En el caso de Tucumán, la disminución real de las transferencias coparticipables rozó el 19%. La Nación le giró cerca de $ 86.400 millones, según las cifras divulgadas por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

En el acumulado de todo el año, la disminución real del giro de fondos coparticipables ha sido del 4,3%, en consonancia con el promedio del país. En todo el año que pasó, Tucumán ha recibido unos $ 590.179 millones, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, una repartición dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

“Saldo neutro”

Pese al comportamiento de la recaudación nacional y a las expectativas de una mejora en los ingresos por el cobro de impuestos provinciales, el “saldo financiero de diciembre ha sido neutro”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

Tanto Jaldo como el ministro de Economía aclararon que el ahorro alcanzado por las medidas de austeridad fiscal que ha tomado la actual administración no implica que las finanzas provinciales tengan holgura. “Esto quiere decir que el camino que emprendimos es el correcto y que debemos continuar por esa senda y profundizarla durante el año que viene, con la eliminación de más erogaciones que se consideren políticas”, afirmó el gobernador.

La meta de Jaldo es que la Provincia “pueda consolidar su situación financiera, de tal manera que la crisis económica nacional no golpee tanto a Tucumán”. “Esto implicará manejarnos con cierta autonomía financiera y económica”, puntualizó.

El principal temor de los gobernadores pasa por el futuro del reparto del impuesto a las Ganancias. De eso depende, por ejemplo, que Tucumán cuente o no con ingresos por casi $ 100.000 millones. La reversión de la medida adoptada en la gestión anterior por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, cuando quitó el pago a los trabajadores de la cuarta categoría, ya está contemplada en un proyecto de ley enviado por la gestión del presidente Javier Milei, De hecho, el organismo impositivo nacional ya lo ha dado como un hecho.

A través de un comunicado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó este viernes que, a partir del 1° de enero, los empleadores deberán liquidar los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia de acuerdo a la nueva ley de Ganancias que exime del pago de ese impuesto a los que ganan menos 15 Salarios Mínimos (SMVM), es decir $ 2.340.000 brutos.

Independientemente de toda esta situación, el gobernador ya le pidió al equipo económico que conduce Abad para que profundice las medidas de austeridad fiscal. “En enero será más dura la restricción financiera”, anticipó Jaldo a nuestro diario. Particularmente, se revisarán adscripciones en todas las reparticiones del Estado provincial. Además, el área de Economía ejercerá un mayor control a las ejecuciones presupuestarias de cada uno de los ministerios y, hacia abajo, de las dependencias a su cargo. “Ya se han establecido algunas limitaciones en el uso de las partidas que se consideran que pueden ser sujetas a restricciones hasta tanto mejore la situación del país”, justificó el gobernador. “Nadie gastará más de lo que se le asigna”, finalizó.

Fuente: La Gaceta

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