El juez de instrucción Gustavo Pierretti rechazó el hábeas corpus “preventivo y colectivo” que este martes presentaron el Partido Obrero y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para pedir que “se deje sin efecto de manera inmediata” el protocolo de orden público dispuesto por el gobierno nacional que tendrá este miércoles su prueba de fuego ante la marcha convocada por la Unidad Piquetera. En sus redes sociales, la ministra Patricia Bullrich celebró la decisión.

“Lo resolvió la justicia: el protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal. Sólo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario”, escribió en su cuenta de X, donde compartió también una imagen de la disposición judicial.

La resolución del magistrado se sustentó en que no se daba “ninguno de los supuestos contemplados” en la Ley 23.098 de Procedimiento de este recurso. En su artículo 3, la noma establece que “corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique la limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente; o la agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere”.

La presentación ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 13 fue hecha por el diputado del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Néstor Pitrola junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, además de referentes de organismos de derechos humanos.

En el texto, habían solicitado que “se deje sin efecto de manera inmediata la Resolución 943/2023″ del Ministerio de Seguridad, que -indicaron- afecta “la libertad ambulatoria e integridad física” de los que se movilizarán.

“Las amenazas de la ministra [Patricia] Bullrich colocan al Estado y a ella en la posición de cometer un delito. Quienes incurrirán en delito no son los trabajadores desocupados que están viendo la pulverización de su ingreso con el congelamiento de un plan social que al 1% diario de inflación, sino por parte de la ministra Bullrich”, había dicho el legislador a la agencia Télam.

El dirigente del PO sostuvo que, por un lado, “el protocolo es ilegal porque afecta el artículo 14 de la Constitución y el derecho a la protesta que también es constitucional”.

La petición planteaba que “las disposiciones de la cuestionada resolución constituyen la suspensión ilegal de derechos amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”. Además, señalaba que la resolución de la dependencia nacional “se asemeja, “en los hechos, a un estado de excepción o de sitio, sin haberse dado los supuestos que así lo habiliten”.

“Esta acción, se hace extensiva a los de los niños, niñas y jóvenes que participen de la movilización del 20 de diciembre, por el inminente y grave riesgo de que lo dispuesto mediante la Resolución del Ministerio de Seguridad afecte su interés superior y el principio de especialidad, que cuentan con jerarquía constitucional”.

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