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TUCUMÁN

1 de septiembre de 2023

Amenazas de bomba: "El delito de intimidación pública tiene una pena de dos a seis años"

El doctor Aníbal Paz, abogado penalista, en La 97.1 Radio Tucumán, habló con Marcelo Alcorta para referirse acerca del procedimiento que se lleva adelante por las amenazas de bomba en colegios y escuelas

En los últimos meses la provincia fue testigos de decenas de amenazas de bomba en distintos establecimientos educativos públicos y privados, la Policía y el Ministerio Público Fiscal informaron que se detuvieron e imputaron hasta el momento a cuatro personas, quienes recibieron prisión preventiva por 60 días, embargo de $3.000.000 por el délito de Intimidación pública

En Tucumán a Diario, el abogado penalista, Aníbal Paz, explicó las consecuencias de estar imputados penalmente. 

Intimidación Pública

El letrado precisó que "cuando una persona está imputada penalmente, significa que tiene un proceso en su contra, ese proceso puede concluir ya sea con una sentencia condenatoria, o podría buscarse alguna salida alternativa al proceso para evitar un eventual juicio oral". 

La pena

"En este caso la Ley prevé una pena de dos a seis años, que es el delito de intimidación pública, este delito al tener una escala penal menor a tres, es decir de dos años, podría ser de ejecución condicional en aquellos casos donde la persona no tenga antencedentes y eventuales comportamientos que haya tenido durante el proceso que el juez pueda tener en cuenta, lo que no deja de ser que esta persona esté atada a un delito y supeditada a lo que determine la justicia", dijo Paz.

Las amenazas

Acerca de lo que sucede con las amenazas de bomba, señaló que "es un caos, no solamente el gasto público que se hace para la movilización para las personas que están al cuidado de la sociedad, sino la del ciudadano común que tiene todas las calles cortadas, y esto debe penarse".

"La situación es que no debe penarse a cualquier costo, sino que se deberá identificarse al autor y no a quien ellos sospechen en aras de buscar una mano dura o de mandar un mensaje a la sociedad con tantas personas detenidas, que si bien puede haber sospechas, pero me parece excesivas las prisiones y la privación de libertad", destacó.

Y agregó: "Al ser un delito de ejecución condicional, en caso de condena, podría ser de cumplimiento en libertad, máximo cuando son personas que no han tenido ningún roce con la justicia penal, a más de ello, entiendo que podrían haber sido cometidos estos delitos por menores de edad, en cuanto tienen un régimen penal distinto a un adulto. Por eso está la Justicia de alguna forma en una encrucijada y está privando de libertad a los padres en aras de mandar un mensaje a la sociedad".

Lo que no podrían hacer los imputados

Los involucrados en este delito, tienen un embargo de $3.000.000, pero además el letrado afirmó que los imputados "no podrían sacar la licencia de conducir, no podría ingresar a un trabajo en repartición pública, no podrían ingresar a Estados Unidos por ejemplo, en algunos casos si estás libre te dicen que no podés salir de la provincia, que tengas firmar un libro de comparendo", ennumeró. 

En el caso de padres o tutores, en el caso que se confirme que la comunicación del domicilio de una u otra persona, ¿a quién se imputa?. "La Justicia está supliendo lo que prevé el Código Civil en cuanto a la responsabilidad parental que tienen los padres por supuesto para con sus hijos, si se demuestra que hubo connivencia con el padre para que sea una broma, deberá responder con todo el peso de la Ley no solo en las causas penales sino también en la causa civil que lo podría hacer la provincia incluso", aseveró.

La Defensa

Según Paz, si él estuviera como abogado defensor de los imputados, "como primera medida solicitaría la libertad, si secuestraron teléfono o alguna medida que reste investigar que lo secuestre pero ya no podría influir en el procedimiento la persona que hoy está detenida o presunta autora de ese delito", afirmó. 

Y continuó: "Como segunda medida lo que haría es acreditar o poner en tela de juicio la autoría de ese mensaje o esa llamada, es muy difícil poder saber quién lo envió, más allá de saber de donde salió con el IP con el modem de internet o los aparatos, computadora o teléfono".

"Quienes están escuchando tienen que entender que esto no es un juego, sino que es un delito y están viendo las consecuencias que podrían incurrir", resaltó Paz.

Escuchá la nota completa.

 

 

 

 

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