Este lunes, 28 de agosto, el fiscal de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del MPF, Diego López Ávila, continuó con su alegato de cierre que inició el martes de la semana pasada. En esta oportunidad, el representante del Ministerio Público Fiscal se refirió a la pretensión punitiva. Para Miguel Antonio “La Gata” Lizárraga y su hijo, Juan de Dios López, pidió la pena de 23 años. En tanto, para Luis Ricardo Carreras, solicitó la condena a 22 años de cárcel; para Néstor Fabián “Tuta” Lizárraga y Cristian Nicolás Caro, de 12 años; y Walter Ernesto Caro, de tres años de ejecución condicional. 

De acuerdo a la teoría del caso del MPF, los acusados se asociaron dolosamente realizando distintos hechos tendientes a vulnerar la intimidad de los hogares de las víctimas con el fin de sustraer dinero en efectivo y joyas, rompiendo la paz social de toda una comunidad que se vio conmovida, ante la reiteración de los hechos y las sumas siderales de las que fueron despojadas.

A su vez, incluyó entre los delitos los robos por efracción, encubrimiento y resistencia a la autoridad. Al momento de la solicitar las penas, el Fiscal tuvo en cuenta la naturaleza, el modo y el daño causado (de extrema gravedad por la gran cantidad de perjudicados y la suma millonaria) que afectaron la salud de las víctimas quienes hasta hoy dependen de sus familiares y no han podido recuperarse. 

“Debemos tener en cuenta la violencia en la que operaron y la forma en la que se organizaron y se ocultaron. Además del daño psicológico como consecuencia de los robos. Tuvieron un pleno dominio de la función en la actividad delictiva.

En esta multiplicidad de hechos se ha vulnerado lo más sagrado (la propiedad e intimidad). En el marco de este juicio se hicieron también dos denuncias por amenazas recibidas por parte de testigos.

A 'La Gata' se le endilga la jefatura del grupo donde en todo momento monitoreaba cada situación. Si bien tenía una condena de hace 10 años en su contra, decidió regresar y delinquir nuevamente”, manifestó López Ávila quien pidió el decomiso de cuatro vehículos y que continúen en prisión preventiva.

De acuerdo a la teoría del caso del MPF, los acusados se asociaron dolosamente realizando distintos hechos tendientes a vulnerar la intimidad de los hogares de las víctimas con el fin de sustraer dinero en efectivo y joyas, rompiendo la paz social de toda una comunidad que se vio conmovida, ante la reiteración de los hechos y las sumas siderales de las que fueron despojadas. A su vez, incluyó entre los delitos los robos por efracción y la resistencia a la autoridad. Posteriormente, el tribunal (conformado por los jueces Bernardo L'Erario Babot -presidente-, Fanny Siriani y Eliana Gómez Moreira) pasó a un cuarto intermedio. A continuación, será el turno de los alegatos finales por parte de las defensas de los imputados.

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