Entrar a una comisaría y salir sin vida, víctima de torturas o de abusos sexuales no es una historia de otro tiempo ni una excepción. “Nadie se suicida en una comisaría” es parte de la letra de una canción de la cantante Sara Hebe y una consigna vigente que responde directamente a la crueldad que ejerce la policía en sus lugares de trabajo.

En la provincia de Buenos Aires hay 1209 comisarías, 21 se encuentran con medidas cautelares en relación a la vulneración de derechos humanos. Entre el 2020 y 2022 hubo 5800 personas detenidas en esas comisarias. La semana pasada, un jurado popular, compuesto por vecinas y vecinos de La Matanza por sorteo del padrón, declaró culpables por unanimidad a 11 policías de la Comisaría 3 de La Tablada por los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual durante cuatro meses entre el 2019 y el 2020 contra 28 mujeres y trans.

¿Qué es lo que habilita a 11 funcionarios públicos a torturar a mujeres en sus celdas durante cuatro meses? ¿Es algo del mismo orden lo que les permitió a los policías de la comisaría 25 de San Luis hacer correr la versión de que Magali Morales se había suicidado con el cordón de una prenda en su celda cuando hoy están acusados de “torturas agravadas por el resultado muerte"? ¿Por qué Mauricio Castillo fue detenido por robo la semana pasada en Lomas del Mirador y a las pocas horas “apareció” ahorcado en su celda?

La policía hace lo que quiere

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocinó a la mayor parte de las víctimas de la Comisaria 3 de La Tablada, ellas declararon en el juicio denunciando a partir de testimonios desgarradores todo lo que habían tenido que padecer: partiendo de un contexto de falta de agua potable, sin acceso a luz natural y falta de comida, las detenidas recibían diariamente insultos racistas y xenófobos. Muchas de ellas estaban aisladas en celdas diminutas por largos periodos de tiempo, les robaban y tiraban la comida que les traían los familiares, las hacían orinar y defecar en bolsas de nylon y hacer flexiones desnudas mientras los policías las observaban. 

A estos hechos denunciados se le suma el delito de abuso sexual llevado a cabo durante una requisa contra 4 mujeres para buscar un celular. Las víctimas declararon que en la dependencia había escáner para detectar metales, sin embargo una agente policial les introdujo las manos en la cavidad vaginal sin consentimiento y utilizando los mismos guantes para todas mientras el resto de policías varones miraban y se burlaban.

Según Roberto Cipriano, integrante de CPM, el ensañamiento tiene que ver con la llegada en septiembre de 2019 del comisario Lionel Maximiliano Gómez, declarado culpable durante el juicio: “Según las personas detenidas es allí donde comienza el calvario y las situaciones de violencia que hasta ese momento no habían ocurrido en la comisaría. Sin embargo, esta comisaria estaba entre las 21 que habíamos denunciado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por hacinamiento y violación de derechos. Además esa comisaría tenía una orden judicial de clausura, es decir que no podía alojar personas detenidas”, explica en diálogo con Las12.

Las mujeres y personas trans estaban detenidas por tentativa de robo y hurto, que estén privadas de su libertad es la respuesta del Estado frente a esos delitos: “Lo que también tiene que hacer el Estado es respetar los derechos de las personas detenidas y eso es lo que no pasó en este caso” concluye Cipriano.

Por otro lado no hay ningún tipo de reparación ni de contención integral para las víctimas, según el integrante de la CPM “las víctimas están hoy en una situación de mucha vulnerabilidad, muchas de ellas intentando procesar lo que les pasó y con otras vulnerabilidades previas que complejizan la situación: en contexto de pobreza, sin la posibilidad de abordar tratamientos integrales y en completa soledad”.

Fuente:pagina12

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