En la Plaza de Mayo, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el informe anual, que incluyen los casos de muertes por violencia institucional en la Argentina. Aún sin sanción de la Ley Integral contra la Violencia Institucional, una tendencia continúa: los crímenes de fuerzas de seguridad en cárceles y comisarías. Otra, se incorporó: el protagonismo de la Policía de la Ciudad en los asesinatos.

El primer informe de la CORREPI se publicó en 1996 y, a partir de allí, se difundieron actualizaciones anuales hasta contabilizar los 8.701 casos de asesinatos por violencia institucional ocurridos en nuestro país desde el 10 de diciembre de 1983 hasta diciembre de 2022. Esto representa un crecimiento de 529 muertes sobre el documento de 2021, de los cuales 436 ocurrieron en los doce meses del año pasado y otros 93 de años anteriores.

“La particularidad de este año, que es el eje central del informe y lo que más destaca como dato, es el aumento brutal de las muertes bajo custodia. Sobre todo en cárceles, pero también en comisarías”, sostuvo María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI, en diálogo con Ámbito. Las estadísticas de 2022 indicaron que 319 de los crímenes (73% del total) en donde estuvieron involucradas fuerzas de seguridad ocurrieron bajo custodia.

Del informe también se desprende que 80 personas fueron asesinadas por gatillo fácil; 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar (incluida una desaparición); 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales (entre ellos, dos desaparecidos) y 13 a otras circunstancias (incluida una desaparición).

Del total de las víctimas históricas por violencia institucional, un 61% tienen menos de 35 años. El 76,15% de los casos se acumulan entre los cuatro distritos más populosos del país: ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Esta última jurisdicción concentra el 55,80% de los muertos en manos de las fuerzas de seguridad.

Violencia institucional en los años de Mauricio Macri y Alberto Fernández

En el período de gobierno de Mauricio Macri, la CORREPI registró 1.923 asesinatos por violencia institucional (480 por año); mientras que desde la asunción de Alberto Fernández se acumularon 1.509 casos (503 por año). Durante la actual gestión, la incidencia del Servicio Penitenciario remarca la gravedad de la situación carcelaria: 60,64% de los casos lo involucra.

En contraste, y con respecto al gobierno de Mauricio Macri, se redujo el protagonismo de todas las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria), en detrimento del crecimiento de los homicidios en mano de la Policía de la Ciudad (3,8% del total a 4,64% desde 2019).

En este sentido, María del Carmen Verdú destacó que en la gestión de Alberto Fernández existieron medidas “que generaron un impacto que reduce relativamente los casos de gatillos fácil en manos de fuerzas federales”, como por ejemplo “la prohibición del uso de armas reglamentarias fuera de servicio, de civil, para la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

Además, remarcó que “la totalidad de los casos de gatillo fácil que teníamos registrados en los distintos años desde que se creó la fuerza eran, justamente, fuera de servicio pero con el arma reglamentaria. Lo cierto es que al sacarle el arma al terminar su turno no tenemos desde marzo de 2020 hasta hoy ningún caso. No puede ser casualidad. Si esta medida se generalizara en el conjunto de las fuerzas tendría un impacto importante”.

El documento publicado este viernes por la CORREPI subraya lo que indica Verdú: el uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil provoca el 66% de los asesinatos por gatillo fácil y el 95% de los femicidios por parte de uniformados.

La referente del organismo también consideró que “las fuerzas de seguridad volvieron a donde estaban antes del protocolo Bullrich”. “Era una media docena de protocolos que fueron derogados en diciembre de 2019. El más significativo era el que denominábamos el Protocolo Chocobar, que habilitaba a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda a personas desarmadas fuera de toda situación de riesgo”, explicó.

“Ahora, que solo se dispara cuando hay una amenaza equivalente, bajó el gatillo fácil”, sostuvo Verdú y su declaración coincide con el informe: durante la gestión de Mauricio Macri, fueron asesinados 508 personas (127 por año); mientras que desde que asumió Alberto Fernández los casos de gatillo fácil fueron 300 (100 por año).

En ese marco, desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2022, 63 asesinatos fueron a manos de la Policía de la Ciudad mientras que otros 109 tuvieron como protagonistas a la Policía Bonaerense, 63 fueron cometidos por la primera y 109 por la segunda. Pero la fuerza porteña suma unos 25.000 efectivos, mientras que su par provincial supera los 100.000: con una cuarta parte de su cuerpo, comete el 36,7% de los crímenes.

La cárcel, la deuda en materia de violencia institucional

“La causal que más cantidad tiene en estos últimos años es la muerte bajo custodia. Cuando empezamos a llevar el archivo, esta causa estaba a la par del gatillo fácil. Pero a medida que se profundizaron las medidas de endurecimiento del sistema penal; y muy particularmente en el 2004 con la ley Bloomberg, la ley Petri y las leyes de flagrancia; se multiplicó hasta el infinito el número de personas detenidas sin una relación directa con los índices de criminalidad. Por eso también aumentaron las muertes en cárceles”, detalló María del Carmen Verdú.

Además, se referenció en estadísticas: en el inicio del milenio había 8,6 homicidios cada 100.000 habitantes y 37.543 personas detenidas en comisarías y cárceles de toda la Argentina -este último dato, proveniente del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)-. En el 2021, la cifra de asesinatos bajó a 4,6 cada 100.000 habitantes y hubo “una reducción de los robos también, hasta prácticamente la mitad”, según sostuvo. El último informe SNEEP señala que hay 114.074 presos; mientras que la Comisión Provincial por la Memoria denunció una sobrepoblación en cárceles y comisarías bonaerenses del 232%. Menos delitos, pero más personas encerradas que terminan engrosando las cifras de muertos por violencia institucional.

En ese marco, Verdú señaló que “ese hacinamiento tiene consecuencias en las muertes por todo tipo de causas bajo custodia. Durante la pandemia, que tanto lío se hizo por la supuesta masiva liberación de presos, el COVID tuvo una letalidad siete veces mayor en las cárceles que en la calle”. “Por supuesto que también hay una postura activa de los trabajadores penitenciarios en la represión”, añadió.

Para enfrentar a esta situación, la referente de la CORREPI pidió “terminar con el sistema de detenciones arbitrarias. Porque de las muertes en comisarías, no cárceles, el 50% de los casos no estaba preso por ningún delito, sino que estaban detenidos por arrestos preventivos contravencionales, por razzias, o al voleo en protestas, a pesar de muchas veces no tener ningún antecedente”.

Finalmente, remarcó la importancia del “cese del uso sistemático de la prisión preventiva para delitos de poca monta, sin sangre. Esto ocurre siempre que, obviamente, no se trate de un policía, porque ahí no los metés presos ni con un homicidio calificado”.

Para ejemplificar, relató el caso del policía bonaerense del Grupo Halcón, Brian Darío Montes, que tenía una condena a 18 años de prisión por asesinar a un adolescente de 16 años, Fabián Enrique, pero aprovechó la prisión domiciliaria y las salidas transitorias para fugarse. Aún no ha sido encontrado.

40 años de democracia: la necesidad de una agenda antirrepresiva
El informe de la CORREPI remarca que la información disponible de la década de 1980 "es poca e incompleta", que existen picos de casos de violencia institucional "en los años de crisis (1989/1991; 2000/2001; 2009/2010; 2013)" y que se advierte un incremento sostenido de homicidios "bajo el gobierno de Cambiemos, al amparo de la demagogia punitivista y sus expresiones normativas".

Periodista (P.): ¿Usted nota que hay una agenda que está más reacia a discutir este tipo de medidas antirrepresivas, y más bien hay un escenario en donde se debate hasta dónde alcanzar con la represión? Hay un hincapié incluso en las movilizaciones sociales.

María del Carmen Verdú (M.V.): Absolutamente. En todo el informe vamos planteando que hay que instalar como demanda social una agenda antirrepresiva, frente a esa otra agenda que no es solo de la derecha de Cambiemos o de Milei y Espert, porque está el ministro de Seguridad bonaerense sin ir más lejos. Del otro lado lo que se escucha es si usar picanas portátiles, leyes más represoras, incremento de penas, criminalización aún mayor de niños, niñas y adolescentes. En cualquier momento estamos discutiendo la pena de la muerte.

P.: Ustedes vienen sistematizando agravamientos de casos de violencia institucional desde 1983, ¿piensan que es una especie de democracia que supimos construir incluyendo la represión?

M.V.: Obviamente, sino no estaríamos 40 años después pidiendo lo mismo. En 1987 salimos a marchar por la Masacre de Budge y hoy estamos pidiendo exactamente lo mismo, con todas las mejoras de lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Hay acumulación de experiencia pero la denuncia no es muy diferente. Sobre las detenciones arbitrarias venimos discutiendo desde 1991, con la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio; no en el 2023. La sentencia tiene 20 años y sigue incumplida.

Fuente:ambito

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