Este jueves se realizó una audiencia de impugnación a pedido de los defensores de Armando José Zarlenga quienes solicitaron revocar la detención domiciliaria, cuya medida fuera prorrogada el pasado 8 de julio.

A su vez, los letrados solicitaron se establezcan otras medidas a cumplirse en libertad, como ser, continuar con la pulsera electrónica, prohibición de salir de la provincia (cuyo pasaporte se encuentra retenido) y presentarse en la Comisaría de Yerba Buena, una o dos veces por semana e incluso estar al cuidado de una persona como garante.

Por su parte y por instrucciones del titular de la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas del MPF, Pedro Gallo, el auxiliar fiscal, Gustavo Benjamín Zavalía, se opuso al planteo y sostuvo que los riesgos procesales no han variado. "La resolución de la jueza ha sido ajustada y conforme a derecho donde lo que hizo fue recibir la información vertida por ambas partes y resolver en tal sentido.

La defensa no ha llegado a neutralizar los riesgos procesales oportunamente dispuestos y que fueron convalidados por los distintos jueces de control y garantía que fueron pasando a medida que transcurrió la prórroga, todos coincidentes con lo resuelto”, expuso el representante del MPF. “La defensa ha manifestado que no existe un informe de Patronato que indique una conducta contraria por parte del imputado donde manifestó que viene cumpliendo y ajustándose a las disposiciones de los jueces. Y si existiría esa circunstancia, en todo caso, lo que devendría al Ministerio Público Fiscal es revocar el arresto domiciliario. Por consiguiente, la medida ha surtido un efecto positivo para cautelar el proceso”, agregó. 

Finalmente, el juez resolvió no hacer lugar a la medida interpuesta del 8 de julio y confirmar la misma, en cuanto fuera impugnada.

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