Hoy 9 de junio se realizó la audiencia de formalización de cargos y de medidas de coerción en contra de dos jóvenes de 23 y 26 años por agredir violentamente a dos jugadores de su equipo rival. El auxiliar de fiscal, Guillermo Di Lella, en representación del titular de la Unidad Especializada de Atentados contra las Personas del MPF, Pedro Gallo describió los detalles de la pelea, acusó a los imputados por el delitos de lesiones leves en concurso real con lesiones graves y pidió las medidas de coerción de menor intensidad por el término de seis meses para los encartados.

A pesar de que este deporte es muy popular y el público en general acude a las canchas a ver a sus jugadores favoritos, más allá del nivel de la competencia, y disfrutar del juego, es cada vez más común encontrar situaciones de violencia, tanto dentro, como fuera de la cancha, que empañan de manera drástica el sentido de lo que este deporte quiere transmitir.

El violento episodio tuvo lugar el pasado 9 de abril, en el complejo CeDAR de Yerba Buena, donde se estaba realizando un partido de fútbol programado en el torneo ByG, donde ambos equipos estaban participando. En el segundo tiempo del encuentro, se produjo una jugada desafortunada entre el arquero de un equipo y un jugador del otro. Por este motivo, aficionados que estaban observando el partido y jugadores suplentes, agredieron verbal y físicamente a una de las víctimas. Un compañero de equipo se percató de esta situación y fue a socorrerlo, pero uno de los imputados lo golpeó de atrás, ocasionando una fuerte caída que le produjo una fractura de tibia y peroné. Luego los imputados golpearon a ambas víctimas mientras estaban caídos en el campo de juego.

Medidas de coerción 

La Fiscalía pidió que se ordenen medidas cautelares de menor intensidad por el plazo de seis meses, entre ellas: prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, obligación de permanecer a disposición del tribunal y concurrir a las citaciones que se le formulen, abstenerse de realizar cualquier tipo de contacto y hostigamiento hacia las víctimas y sus familias, y la restricción de acercamiento a 300 metros. Por su parte, el magistrado actuante resolvió aceptar lo requerido por el Ministerio Fiscal.

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