A través de un acuerdo arribado entre el MPF, a través de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, y la defensa técnica del imputado, se llevó a cabo este lunes 24 de enero la suspensión de juicio a prueba (probation) a favor de un individuo apodado “Gordo Taren”, quien deberá resarcir a la víctima, realizar tareas comunitarias (una vez por semana, durante dos horas en una institución a determinar) y someterse a reglas de conductas, entre ellas, la prohibición de acercamiento al domicilio de la damnificada por un radio no menor a 300 metros de distancia.

Todo ello, por un plazo de dos años y por dos hechos ocurridos en la ciudad de Alderetes (13 de octubre de 2020, por robo simple, y 7 de enero de 2022, por robo simple en grado de tentativa). Por su parte, la jueza actuante hizo efectivo la legalidad y la admisibilidad del instituto petiocionado. 

El imputado no registra antecedentes previos o condena anterior. En el primer hecho, la víctima pudo recuperar los elementos sustraídos, y en el segundo, no llegó a consumarse.

"Este instituto de suspensión de juicio a prueba, lo que tiende es darle una nueva oportunidad al imputado para que se resocialice y cree condiciones de utilidad para la comunidad, siendo una de las variables la posibilidad de que ejerza una actividad (tareas comunitarias) tendiente a reparar el disvalor de su acción”, afirmó el auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, quien representó en la audiencia al titular de esa Unidad, Diego López Ávila.

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