Un grupo de personas realizó una protesta esta mañana frente a la sede del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para pedir por la entrega de 40 casas en el barrio Judicial.

"Estas cuarenta (40) familias forman parte de las doscientas (200) familias que el IPV había reconocido, mediante una resolución, que tenían derecho a acceder a la vivienda. El IPV había dividido a las familias en tres grupos: cien (100) fueron a parar al barrio del gremio de judiciales en las talitas, otras sesenta (60) fueron a parar al barrio Manantial Sur y a estas cuarenta (40) familias se les había asignado el barrio San Andrés", expresó Carlos Garmendia, abogado de los damnificados.

Ante el reclamo de las familias, desde el IPV sostuvieron que deben pagarle al gremio por las casas. "Hay un gran interés del IPV de cuidarle las espaldas del gremio, de ocuparse que el gremio cobre lo que no tiene que cobrar", agregó el letrado.