El Sindicato Judiciales Tucumanos Agremiados reclamaron a la Corte Suprema de la provincia la suspensión preventiva del modo laboral presencial en razón del preocupante incremento de casos de contagios de Covid-19 en el personal de ese sector. En una nota dirigida a la titular de ese alto tribunal, Claudia Sbdar, los dirigentes Omar Maldonado (secretario general) y Luis Núñez (secretario adjunto), expusieron la necesidad de que la labor judicial retorne al modo virtual hasta el 30 de abril ante el “agravamiento de la emergencia epidemiológica y  el riesgo a que se exponen la notable cantidad de empleados, ordenanzas  y funcionarios obligados asistir a sus lugares de trabajo”.

“Los judiciales tucumanos continuamos trabajando en doble turno. Así la preocupación y alarma se potencian ante la proliferación de nuevos contagios y otros tantos trabajadores aislados y a la espera de resultados de hisopados. Estos últimos al permanecer aislados recargan labores al resto de los trabajadores presenciales” plantearon. Frente a este panorama los dirigentes  insistieron sobre la necesidad de que “se retome únicamente el modo teletrabajo como medida urgente de precaución”.

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En este mismo tono, el consejero Alberto Lugones representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación pidió al presidente del cuerpo Diego Molea que “de manera urgente” requiera a la Corte Suprema de Justicia que declare “feria judicial por razones de salud”. Además que se solicite al gobierno que se incluya en el plan de vacunación al personal que concurre a los lugares de trabajo.

En su nota al presidente del Consejo, Lugones solicitó que le requiera a la Corte que "considere declarar feria judicial por razones de salud" en los mismos términos que se expidió el año pasado, cuando se declaró la pandemia.

También, como en 2020, Lugones pidió que "se inste a todo el personal del Poder Judicial de la Nación a trabajar de manera telemática, procurando la menor presencialidad posible".

El expresidente del organismo que precedió a Molea también requirió, en lo que tiene que ver con la actividad del Consejo, "la suspensión de las actividades presenciales de todo el personal no esencial". "Todo ello en virtud de de la escalada de casos de la última semana y ante la segunda ola del virus Covid-19", postuló el juez penal.

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