Este miércoles, en Tucumán A Diario hablamos con Fernando Juri Debbo, titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia, quién denunció estafas a más de 17.000 empleados públicos por parte de por lo menos dos prestadoras de salud -MetLife y Astros SA-.

"Mediante descuentos indebidos se materealizó una estafa millonaria a trabajadores de la salud -principalmente nucleados en SITAS y SUMAR- que son víctimas de maniobras combinadas, donde sin su conocimiento se le realizan descuentos indebidos" afirmó el ombudsman. 

Los descuentos se relizan sin autorización de los trabajadores, "hace un mes recibimos denuncias de empleados públicos que desconocían un descuento de $ 650 pesos, son más de 17.000 empleados los damnificados" explicó.

La modalidad se vio beneficiada por la apertura de las operaciones digitales que se masificaron como consecuencia de la pandemia.

Juri Debbo instó a "revisar mediante el homebanking los ítems de descuentos, hacerlo regularmente y si encuentran descuentos no autorizados comunicarse inmediatamente con la Defensoría". 

Un ejemplo claro de estas maniobras que tomó notoriedad a nivel país fue el de la sucursal Salvador Mazza del Banco Macro, unos 40 empleados públicos y jubilados que perciben sus sueldos y remuneraciones en esa entidad se dieron con la novedad de que sus cajas de ahorro estaban vacías. A otros se los había estafado mediante la adjudicación de préstamos que ellos nunca cobraron ni solicitaron, por lo que el jueves y el viernes anterior, los clientes se manifestaron en las puertas de la sucursal del banco. Otros damnificados fueron, también, familias que perciben la asignación universal por hijos y otros beneficios sociales.

"La gerente nos dijo que el banco no nos puede devolver la plata y que ya verán qué medidas toman, pero nosotros creemos que no nos pueden hacer responsables a nosotros", explicó un humilde obrero municipal a quien dejaron sin un centavo.

Quien lleva adelante la investigación de los casos es el equipo de abogados de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, Juri Debbo precisó que "estamos en pleno proceso de investigación. Los damnificados se tienen que quedar tranquilos porque si estamos trabajando con técnicos especializados, en situaciones similares hemos obtenidos resultados satisfactorios".

"Si el sistema de seguridad informático del banco falló, si los hackers pudieron acceder a las cuentas de los clientes o si existe una red que opera vendiendo los CBU, no tengo dudas de que la entidad bancaria tendrá que responder porque de ser así no sería de ninguna manera responsabilidad de los clientes. La gente tiene que quedarse tranquila porque estamos trabajando. Repito que, por favor ante cualquier duda se comuniquen urgente con la Defensoría", remarcó Juri.

Es problemática recurrente en las últimas semanas los débitos automáticos en cuentas bancarias. “Los consumidores tienen el derecho a denunciar que no efectuó ese debito y lo tiene que hacer ante la entidad bancaria o a la tarjeta de crédito”, dijo. Además, aseguró que los bancos y las empresas de tarjetas de crédito tienen la obligación de recibir los reclamos de sus clientes y proporcionarles una solución. "En la página y redes sociales de la Defensoría del Pueblo van a recibir asesoramiento para llevar a cabo los reclamos correspondiente, por supuesto sin ningún costo", finalizó Fernado Juri.

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