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2 de septiembre de 2020

El gobernador de Jujuy multará al personal de salud que no preste servicio

Mientras los médicos y enfermeros denuncian la crisis del sistema sanitario provincial, Gerardo Morales dispuso multas de hasta un millón de pesos

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dispuso aplicar multas de hasta 1 millón de pesos y arresto domiciliario para el personal de salud que no realice las prestaciones que le pide la cartera sanitaria provincial en el contexto de la pandemia de coronavirus, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial en el Decreto Acuerdo Nº 1444-S/2020 firmado por el gobernador radical y referente de Juntos por el Cambio.

Jujuy estuvo por más de 100 días sin registrar casos positivos de coronavirus, pero la situación cambió debido al aumento de personas infectadas en un período corto de tiempo, registrando en la actualidad 8.542 pacientes, según informó el diario local El Tribuno.

Por esto el ejecutivo provincial había decidido incrementar la atención a pacientes con Covid-19 con personal médico que integra el sistema público y privado de salud. Con el Decreto Acuerdo N° 1205-S-2020 se establecido que los profesionales de la salud se sujetarán a las necesidades del servicio y requerimientos que demanden la emergencia epidemiológica declarada en la provincia de Jujuy.

Cómo la convocatoria no fue la esperada, Gerardo Morales consideró que: "no se ha logrado la total concurrencia de estos profesionales, por lo que se concluye que la privación de atención oportuna diligente constituye un daño al sistema de salud”.

"Es imprescindible contar con personal de salud en todo el territorio provincial para hacer frente a la pandemia, tornando necesario establecer un régimen sancionatorio para el personal de la salud que sea renuente a la convocatoria de la autoridad sanitaria", agregó.

Ante este escenario el gobernador jujeño decidió poner sanciones para el personal del sector público o privado que no se presenten al requerimiento hecho por el estado provincial: "la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad o urgencia, se le impondrá multas que van desde 40.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos más accesorias de arresto e inhabilitación”, expresa el texto del decreto.

 

 

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